El primero de septiembre de cada año inicia, por mandato Constitucional (a. 65), inicia el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. El Presidente de la República estaba obligado a asistir y a presentar un informe por escrito (a. 69); sin embargo, con el argumento de que se había vuelto el día del Presidente, los diputados y senadores reformaron la Constitución, para eximir al Presidente de la obligación de asistir a esa apertura.
Ayer, a propósito del inicio de la nueva Legislatura Federal, leí y escuché algunas voces que reclamaban la presencia del Presidente para que hiciera entrega del informe. Pensé entonces que como en muchos otros temas políticos, se adoptan decisiones coyunturales sin sopesar apropiadamente el fondo de los asuntos y sus implicaciones futuras.
Para mí, desde la época en que era estudiante de derecho, quedaba claro que ese día tenía lugar el inicio del periódo ordinario de sesiones. Ese tendría que haber sido el tema central; sin embargo, los legisladores -que mucho lucharon por intervenir- en presencia del Presidente de la República, centraban sus discursos en criticar o ensalzar el informe del Presidente, contribuyendo así a convertirlo en el día del Presidente.
En una República, el Podere Público, si bien se encuentra dividido para su ejercicio, tiene que acreditar su vocación democrática con disposición al diálogo, respeto, consideración y tolerancia entre poderes. Como en cualquier otra República, en la nuestra tendría que ser normal la presencia del Presidente de la República en el inicio de los trabajos del Poder Legislativo, e inclusive, tendría que ser normal escuhar, mas que un informe, un mensaje a la Nación, precisamente representada por los diputados.
Los legisladores por su parte tendrían que dirigirse a la nación y exponer sus compromisos tanto en materia legislativa como en las demás funciones que competen al Poder Legislativo. Eso sería deseable ¿O no?
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